El Ejecutivo nacional rechazó el envío de fondos para hacer
frente a los aumentos salariales dispuestos por la Corte Suprema. El gremio
anunció una serie de medidas de fuerza.
El conflicto entre Gobierno y la Corte Suprema de Justicia
de la Nación escaló un nuevo nivel, luego de que el Ejecutivo negara los fondos
para pagar aumentos salariales.
Todo comenzó hace varias semanas, cuando la Corte le
requirió al Ejecutivo una modificación de partidas presupuestarias para otorgar
un incremento salarial para el personal judicial, lo que equivale un total de
1.605 millones de pesos.
Mediante una nota enviada a la Jefatura de Gabinete, el
Máximo Tribunal anunció un incremento salarial para todas las categorías del
escalafón del Poder Judicial de la Nación en un 10 por ciento a partir del 1 de
octubre de 2018 y otro 10 por ciento a partir de diciembre.
Sin embargo, el jefe
de Gabinete, Marcos Peña, le negó los fondos y advirtió que “la modificación de
las partidas presupuestarias, tal como fuera solicitada, afecta fuertemente los
recursos del Tesoro”.
Peña solicitó “esfuerzos compartidos” y que la Corte
disponga que, el incremento salarial del 10 por ciento previsto para diciembre
de 2018, “se otorgue en el próximo ejercicio fiscal”.
Incluso algunos sectores deslizaron la idea de que el Alto
Tribunal utilice el denominado "fondo anti-cíclico" para pagar el
aumento. Se trata de una caja millonaria con recursos propios, que fue creada
en 2008 y que hoy podría rondar los 15.000 millones de pesos.
La noticia cayó como un baldazo de agua fría entre los
jueces y funcionarios. Tal es así que la Unión de Empleados de la Justicia de
la Nación (UEJN) convocó para este jueves un paro de 24 horas a nivel nacional
y adelantaron que seguirán las medidas de fuerza en diciembre. “Queremos el
aumento acordado”, señalaron desde el gremio.
Incluso algunos sectores deslizaron la idea de que el Alto
Tribunal utilice el denominado "fondo anti-cíclico" para pagar el
aumento. Se trata de una caja millonaria con recursos propios, que fue creada
en 2008 y que hoy podría rondar los 15.000 millones de pesos.
Fuente: Abogados Tucumán
